lunes, 22 de julio de 2013

VACAS SAGRADAS



Leemos en Página/12 al ilustre Gil Lavedra insinuando sobre la derogación del decreto 929/13 del PEN, norma que establece un régimen de promoción para la actividad de exploración y extracción hidrocarburífera. Entre otras mieles, tal decreto dispone en su artículo Nº 6 que a partir del quinto año del comienzo de ejecución de la explotación correspondiente, los beneficiarios de este régimen -las petroleras- podrán disponer de un 20% de lo producido para la exportación, eximiéndose del régimen general de derechos de exportación (viejas y queridas retenciones).

Asumimos que el Dr. Gil Lavedra pretenderá derogar tal decreto una vez que asuma la presidencia de la nación, porque si pretende hacerlo desde la cámara de diputados estaría avanzando sobre una facultad reglamentaria delegada al PEN por ley 26.204 -famosa Ley de Emergencia Pública- y prorrogada por las leyes 26.339; 26.456; 26.563 y 26.729 hasta Diciembre del corriente año, amén de que resulta un disparate que el congreso derogue un decreto del PEN. Vivimos en un sistema republicano regido por la división de poderes, ¿Se acuerdan muchachos?. En todo caso debiérase derogar la misma Ley de Emergencia Pública desde el congreso o, en su defecto, modificarla sustrayendo esta facultad discrecional de la órbita del Ejecutivo, y que luego el PEN acomode su reglamentación a la nueva normativa.

Afortunadamente el Dr. Gil Lavedra habla desde la UCR y por eso nos permitiremos tomar con poca seriedad toda hipótesis que incluya verlo una vez más en el Ejecutivo o alcanzando alguna mayoría legislativa suficiente para modificar alguna vez una ley o sancionar genialidades como la ley de Obediencia Debida y la de Punto Final.


Al menos se resguardó de no ir al papelón judicial que enfrentará con toda seguridad el economista de la CTA y diputado ibarrista/pinosolanista/itaíhagmanista Claudio Lozano, quien solicitará la declaración de inconstitucionalidad de tal norma en razón de que no le gusta, pero además, porque los jurisconsultos del espacio Camino Popular consideran que no es atribución del Poder Ejecutivo reducir a cero tal carga tributaria. Quien puede lo más, puede lo menos, como todos sabemos, y si admitimos que alguna vez el PEN pudo aplicar derechos de exportación y aumentarlos discrecionalmente -como se viene haciendo desde el año 2002 gracias a la ley de Emergencia Pública- hasta el punto en el que se sale a cortar rutas y se paraliza el comercio de grano, es dable pensar que puede eximirse parcialmente a alguien de pagarlas, resultando esto menos gravoso para el administrado (en este caso el honrado Sr. Chevron y su PyME, quien no tendría mucha excusa para salir a cacerolear o presentar amparos). Resta analizar si entre los elementos del acto existe una finalidad oculta que importe una desviación de poder pero ya en ese nivel de debate entramos a un pantano de subjetividad muy lindo para discutir en un café pero totalmente irrelevante en la arena judicial a menos que podamos demostrarlo. Y la demostración no es el punto fuerte del progresismo legislativo.



Podemos entender que a algunos consecuentes compañeros del Campo Popular que votaron en contra de aumentar las retenciones a la exportación de oleaginosas en el 2008 les moleste sobremanera que el Estado Nacional busque disminuir retenciones a la exportación de hidrocarburos en el 2013, ya que nacimos agroexportadores y así debemos morir. 


Y estaría muy bueno que vendiendo rifas y porciones de chocotorta se pudieran reunir los fondos necesarios para explotar un yacimiento de Petróleo No Convencional, bajo la premisa que quien filma un par de documentales nostálgicos y llorones tiene el conocimiento y los medios técnicos suficientes para este tipo de empresas.

Pero hoy nos toca gobernar el Estado Nacional, no un centro de estudiantes o una PyME legislativa, y el compromiso asumido en el 2012 con la ocupación temporánea anormal del 51% accionario de la sociedad YPF nos impone la responsabilidad de hacer que funcione. No por el éxito de la gestión en sí, que desde ya resulta importante, sino porque tenemos que legarle a la posteridad un modelo exitoso de reestatización, en consonancia con el cada vez mayor protagonismo que toman las Empresas Estatales en el mercado internacional de los hidrocarburos (ver el caso de las nuevas 7 hermanas: ARAMCO; Gazprom; CNPC; NIOC; PDVSA; Petrobras y Petronas).

Si no hacemos funcionar YPF a como dé lugar e instalarla en el mundo, entonces vamos a ver pasar desde atrás otra oportunidad de ser un país menos choto, que alguna vez será llorada en algún documental emotivo. De ésos que tanto le gustan a Pino Solanas, quien para entonces seguirá filmando documentales ya que jamás será presidente de nada más que su desmedido ego.

sábado, 5 de enero de 2013

LA FIESTA DE TODOS


En el año 1979 el director Sergio Renán estrenó el film La Fiesta de Todos, documental sobre el Mundial 78 patrocinado por el gobierno democrático que desde Marzo de 1976 se encontraba a cargo del Dr. Jorge Rafael Videla.

Esta trascendental obra cinematográfica indagaba con elevado rigor científico la composición social del frente popular que se expresó en los festejos del evento deportivo, y contaba con la asistencia de producción de Adolfo Aristarain -quien aún no encontraba su lugar en el mundo- y fue protagonizada por actores de la talla del contra Juan Carlos Calabró; Mario Sánchez; Luis Landriscina; Julio de Grazia (hombre de principios que prefirió suicidarse antes que soportar la dictadura del Gral. Carlos Saúl Ménem); el historiador democrático Félix Luna; el poeta de simpatías socialistas César Luis Menotti; el señor del baño Rudy Chernicoff; la primera actriz Graciela Dufau; la Sra. Susú Pecoraro -más conocida como Camila O'Gorman, víctima de la tiranía de Juan Manuel de Rosas- y ni más ni menos que el salvador de yungas y ballenas Ricardo Darín, cura tercermundista que actualmente siente gran curiosidad por la evolución patrimonial de la familia Kirchner.

Hay que reconocer que en esto último Darín tiene mucha razón, ya que nada cuesta conseguir un par de testaferros para disfrazar el engorde de patrimonio. Así como tampoco cuesta conseguir algún amigo discapacitado que ponga el nombre para comprar un auto importado a muy buen precio aprovechando exenciones fiscales.

Los ídolos de la democracia.

martes, 11 de diciembre de 2012

CONFLICTO DE PODERES


El 3 de Marzo de 1801 el presidente federalista John Adams vivía las últimas 24 horas de su gestión. Como los norteamericanos no son esencialmente diferentes a nosotros -o a cualquier ser humano- decidió utilizar estas últimas horas en el cargo para recompensar a sus afines políticos (y algún que otro pariente) antes de que el ejecutivo fuera asumido por Thomas Jefferson, nuevo presidente electo por el partido Democrático-Republicano. Aprovechando la mayoría que hasta el día siguiente mantendría el partido Federalista en ambas cámaras, hizo aprobar por el congreso una ley nombrando a 16 Jueces de Distrito y 42 Jueces de Paz. Desde ya, todos "cumpas del palo". Entre estos cumpas convencidos se encontraba el Sr. William Marbury, financista y talibán federalista que fuera designado Juez de Paz en el Distrito de Columbia.

Una vez aprobados los pliegos, sólo restaba una formalidad para perfeccionar el acto de gobierno: la notificación a quienes asumían los cargos. Se encomendó esta responsabilidad a John Marshall, secretario de estado en funciones y futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. Como entonces no existían los automóviles y pocas casas tenían acceso a internet por wi-fi la notificación formal de los actos públicos no resultaba tan simple como hoy, debiendo cursarse por vía epistolar. Es dable pensar que no alcanzarían 24 horas para notificar a 58 magistrados a sus domicilios en plantaciones y estancias dispersas por toda la cuenca del Río Potomac. Entre los excluidos, como no podía ser de otra manera, se encontraba el Sr. William Marbury.


El 4 de Marzo finalmente asumió su cargo el presidente Thomas Jefferson, amigo de los niños y propietario de esclavos a la sazón. Su primer reflejo fue ordenar al nuevo Secretario de Estado, James Madison, que se frenasen todas las notificaciones pendientes en miras de devengar en abstractos los nombramientos, previa derogación de la ley aprobada 24 horas antes haciendo valer la nueva mayoría Democrática-Republicana en el Congreso.

El Sr. Marbury, que no se comía una, decidió plantear su demanda contra el Secretario de Estado directamente ante la Corte Suprema, salteándose las instancias preliminares mediante un recurso especial dispuesto por la Ley de Organización Judicial de 1789.-

Para hacer el relato lo más breve posible, nos limitaremos a decir que el máximo tribunal decidió que si bien los nombramientos eran formalmente válidos y el Ejecutivo tenía el mandato legal -y en última instancia constitucional- de llevar a cabo estas notificaciones, la Corte Suprema de Justicia no podría intervenir en el caso ya que no resultaba Competencia Originaria de este órgano jurisdiccional. Esto es así ya que el remedio legal que habilitaba al Sr. Marbury a presentarse directamente ante la Corte Suprema surgía de una ley que -en opinión de la corte- contradecía normas constitucionales y ningún poder está habilitado para actuar contra imperio de la Norma Fundamental. En otras palabras, Marbury tiene razón, el Ejecutivo debería haberlo notificado pero la Corte no puede hacer nada. Dato de color: el presidente de la Corte Suprema y principal cerebro de esta decisión fue el juez John Marshall, Secretario de Estado a quien se le encomendó el incumplido mandato legal.


En principio podríamos decir que la Corte Suprema no decidió nada, el Ejecutivo no cumplió con el mandato legal y el Sr. Marbury no encontró remedio institucional a su agravio. El Poder Ejecutivo se salió con la suya.

Sin embargo, mediante una lectura suspicaz de los hechos, podemos ver cómo si bien el Ejecutivo obtuvo lo que quiso en este caso particular y el Poder Legislativo mantuvo como trofeo la potestad de disponer lo que el Ejecutivo debería cumplir, el premio mayor se lo llevó el Poder Judicial ya que entonces la Corte Suprema se reservó para sí la facultad de determinar cuándo los otros poderes actúan en los márgenes del mandato constitucional y cuándo no. Estamos hablando del Control de Constitucionalidad por parte del Poder Judicial, el Dogma de Infalibilidad Papal de la institucionalidad secular. En un conflicto de poderes, es la Justicia la que dice quién tiene razón, siendo la intérprete última de la Constitución.


Éste es el famoso fallo Marbury vs. Madison, el Big Bang del Derecho Constitucional. Esto marcó un momento histórico ya que entonces se instituyó esa tradición jamás cuestionada de considerar a la Justicia como el poder que siempre tiene la última palabra. Aún por encima de lo dispuesto por la Constitución, que nada dice al respecto, la Corte Suprema se arrogó esta potestad aprovechando una coyuntura política puntual, sentando un precedente que aún a la fecha hegemoniza la tradición jurídica norteamericana.


Como a los argentinos siempre nos gustó dilapidar dólares comprando importado y en 1886 no existían secretarios de Comercio Interior tan violentos como el Sr. Guillermo Moreno, ese año nuestra Corte Suprema dictó mediante una interpretación forzada del Art. 31 de la Constitución Nacional el fallo Municipalidad de la Capital c/ Delortondo, recogiendo el mismo criterio y manteniendo esa bella tradición de decidir qué dice la constitución en base a principios que figuran difusamente en la misma (y más grave aún, esa tradición de calcar institucionalmente a otros países presuntamente mejores).

He ahí el fundamento por el cual cualquier persona que terminó el secundario y se las rebusca más o menos para leer el diario La Nación puede andar afirmando tranquilamente y con algún grado de respaldo empírico que "en un país serio" es la justicia la que debe disponer cuándo un gobierno puede hacer algo o no, sobre todo cuando se trata de un gobierno que no le gusta. Y somos todos felices pidiendo que se respete una constitución que nadie leyó.


Nunca está de más conocer los antecedentes políticos de nuestra tradición institucional, la coyuntura que la fue motivando y en algún momento repensar los fundamentos mismos de nuestra organización. Sobre todo en momentos en los que se pone en crisis la relación entre poderes, toda vez que un poder de la república decide mediante trabas procesales de último orden legitimar el incumplimiento de una ley promovida por el Ejecutivo; aprobada por el Legislativo con un apoyo multisectorial y de gran respaldo popular.

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