martes, 11 de diciembre de 2012

CONFLICTO DE PODERES


El 3 de Marzo de 1801 el presidente federalista John Adams vivía las últimas 24 horas de su gestión. Como los norteamericanos no son esencialmente diferentes a nosotros -o a cualquier ser humano- decidió utilizar estas últimas horas en el cargo para recompensar a sus afines políticos (y algún que otro pariente) antes de que el ejecutivo fuera asumido por Thomas Jefferson, nuevo presidente electo por el partido Democrático-Republicano. Aprovechando la mayoría que hasta el día siguiente mantendría el partido Federalista en ambas cámaras, hizo aprobar por el congreso una ley nombrando a 16 Jueces de Distrito y 42 Jueces de Paz. Desde ya, todos "cumpas del palo". Entre estos cumpas convencidos se encontraba el Sr. William Marbury, financista y talibán federalista que fuera designado Juez de Paz en el Distrito de Columbia.

Una vez aprobados los pliegos, sólo restaba una formalidad para perfeccionar el acto de gobierno: la notificación a quienes asumían los cargos. Se encomendó esta responsabilidad a John Marshall, secretario de estado en funciones y futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. Como entonces no existían los automóviles y pocas casas tenían acceso a internet por wi-fi la notificación formal de los actos públicos no resultaba tan simple como hoy, debiendo cursarse por vía epistolar. Es dable pensar que no alcanzarían 24 horas para notificar a 58 magistrados a sus domicilios en plantaciones y estancias dispersas por toda la cuenca del Río Potomac. Entre los excluidos, como no podía ser de otra manera, se encontraba el Sr. William Marbury.


El 4 de Marzo finalmente asumió su cargo el presidente Thomas Jefferson, amigo de los niños y propietario de esclavos a la sazón. Su primer reflejo fue ordenar al nuevo Secretario de Estado, James Madison, que se frenasen todas las notificaciones pendientes en miras de devengar en abstractos los nombramientos, previa derogación de la ley aprobada 24 horas antes haciendo valer la nueva mayoría Democrática-Republicana en el Congreso.

El Sr. Marbury, que no se comía una, decidió plantear su demanda contra el Secretario de Estado directamente ante la Corte Suprema, salteándose las instancias preliminares mediante un recurso especial dispuesto por la Ley de Organización Judicial de 1789.-

Para hacer el relato lo más breve posible, nos limitaremos a decir que el máximo tribunal decidió que si bien los nombramientos eran formalmente válidos y el Ejecutivo tenía el mandato legal -y en última instancia constitucional- de llevar a cabo estas notificaciones, la Corte Suprema de Justicia no podría intervenir en el caso ya que no resultaba Competencia Originaria de este órgano jurisdiccional. Esto es así ya que el remedio legal que habilitaba al Sr. Marbury a presentarse directamente ante la Corte Suprema surgía de una ley que -en opinión de la corte- contradecía normas constitucionales y ningún poder está habilitado para actuar contra imperio de la Norma Fundamental. En otras palabras, Marbury tiene razón, el Ejecutivo debería haberlo notificado pero la Corte no puede hacer nada. Dato de color: el presidente de la Corte Suprema y principal cerebro de esta decisión fue el juez John Marshall, Secretario de Estado a quien se le encomendó el incumplido mandato legal.


En principio podríamos decir que la Corte Suprema no decidió nada, el Ejecutivo no cumplió con el mandato legal y el Sr. Marbury no encontró remedio institucional a su agravio. El Poder Ejecutivo se salió con la suya.

Sin embargo, mediante una lectura suspicaz de los hechos, podemos ver cómo si bien el Ejecutivo obtuvo lo que quiso en este caso particular y el Poder Legislativo mantuvo como trofeo la potestad de disponer lo que el Ejecutivo debería cumplir, el premio mayor se lo llevó el Poder Judicial ya que entonces la Corte Suprema se reservó para sí la facultad de determinar cuándo los otros poderes actúan en los márgenes del mandato constitucional y cuándo no. Estamos hablando del Control de Constitucionalidad por parte del Poder Judicial, el Dogma de Infalibilidad Papal de la institucionalidad secular. En un conflicto de poderes, es la Justicia la que dice quién tiene razón, siendo la intérprete última de la Constitución.


Éste es el famoso fallo Marbury vs. Madison, el Big Bang del Derecho Constitucional. Esto marcó un momento histórico ya que entonces se instituyó esa tradición jamás cuestionada de considerar a la Justicia como el poder que siempre tiene la última palabra. Aún por encima de lo dispuesto por la Constitución, que nada dice al respecto, la Corte Suprema se arrogó esta potestad aprovechando una coyuntura política puntual, sentando un precedente que aún a la fecha hegemoniza la tradición jurídica norteamericana.


Como a los argentinos siempre nos gustó dilapidar dólares comprando importado y en 1886 no existían secretarios de Comercio Interior tan violentos como el Sr. Guillermo Moreno, ese año nuestra Corte Suprema dictó mediante una interpretación forzada del Art. 31 de la Constitución Nacional el fallo Municipalidad de la Capital c/ Delortondo, recogiendo el mismo criterio y manteniendo esa bella tradición de decidir qué dice la constitución en base a principios que figuran difusamente en la misma (y más grave aún, esa tradición de calcar institucionalmente a otros países presuntamente mejores).

He ahí el fundamento por el cual cualquier persona que terminó el secundario y se las rebusca más o menos para leer el diario La Nación puede andar afirmando tranquilamente y con algún grado de respaldo empírico que "en un país serio" es la justicia la que debe disponer cuándo un gobierno puede hacer algo o no, sobre todo cuando se trata de un gobierno que no le gusta. Y somos todos felices pidiendo que se respete una constitución que nadie leyó.


Nunca está de más conocer los antecedentes políticos de nuestra tradición institucional, la coyuntura que la fue motivando y en algún momento repensar los fundamentos mismos de nuestra organización. Sobre todo en momentos en los que se pone en crisis la relación entre poderes, toda vez que un poder de la república decide mediante trabas procesales de último orden legitimar el incumplimiento de una ley promovida por el Ejecutivo; aprobada por el Legislativo con un apoyo multisectorial y de gran respaldo popular.

jueves, 6 de diciembre de 2012

SOCIALISMO PARA TODOS

"Es fácil hacer socialismo con plata del Estado". Más allá de algunos exabruptos o frases que fácilmente se pueden sacar de contexto, hay que reconocer que la Presidenta elabora grandes definiciones.

Claro, cada tanto la patea al corner con algunos excesos verbales o declaraciones que se prestan para el titular polémico. Buitres y Caranchos. Ésa fue la definición que Lanata estaba esperando ansioso para recordarnos a todos nosotros -la gente buena- que los jubilados la pasan mal, que son pobres y que el gobierno se les ríe en la cara, como tantos gobiernos antes, y así permitirnos ir a la cama con la tranquilidad de saber que nada cambió.

Para recordarnos también que el gobierno no cumple "lo que dice la ley". La ley es genial, es mágica. Como un Arquitecto Universal de la Creación, basta con que el legislador diga "Sea", y Es. Nuestra legislación es de avanzada, y si se cumpliera todo lo que dispone el cúmulo normativo de este país, seríamos Suiza. Existe un pequeño inconveniente, por supuesto: a la Ley hay que darle algún tipo de sustentabilidad material. Porque a la realidad no la convencés con un paper o con un estudio de la UNESCO. Y el hambre no se va a abolir mediante un fallo judicial, no importa que tan linda sea la legislación que se intente hacer cumplir o los ideales que la inspiraron.


Gobernar es mucho más difícil. Es un acto mucho más complejo que decir "RESUELVO:" y ordenar a otro que haga lo que dispone tu conciencia con recursos que vos desde ya no te ocupás de recaudar. Por eso es que tantos son diputados, y pocos son presidentes. Porque el presidente debe entender como nadie lo que significa la Razón de Estado, y lo ingrato que resulta tratar de llevar todo esto hacia algún lado. El juez se queda, y si lleva una carrera más o menos prolija sin meterse con nadie, se jubila juez (convengamos que no es un pobre jubilado de boina). 

El presidente se la juega, porque a los 4 años lo tienen que volver a votar, y si llega a chocar la nave no se puede presentar nunca más a nada. El Presidente debe comprender lo caro que es el socialismo, porque entre otras cosas, es responsable de reunir y administrar los recursos que utilizará el Legislador para decir lo que es bueno y que luego utilizará el juez para ordenar que se cumpla lo que está bien. Y tiene también que administrar los recursos con un grado de eficiencia suficiente como para que el Legislador y el Juez puedan llegar al ocaso de su vida percibiendo sus jubilaciones de privilegio. Si las cosas estallan, nadie le va a echar la culpa al Juez ni al Legislador, la cuenta la paga el Presidente. Nadie dice que el Presidente sea una víctima del sistema, no conozco a nadie que se haya ido endeudado del cargo. Pero si el Presidente no es víctima, convengamos que ni el Juez ni el Legislador son héroes. Mucho menos el periodista.


Cuando la Presidenta se refiere a buitres y caranchos, no está hablando de los jubilados. Está hablando de los abogados; jueces; periodistas y todos aquellos socialistas justicieros que se dedican a aprovechar la eterna injusticia jubilatoria para jaquear al gobierno que más hizo por los jubilados en los últimos 40 años, y de paso quedarse con algún margen de ganancia que utilizarán para viajar a Cuba.


Mejorar la jubilación de los pasivos siempre es justo, no tiene sentido negarlo. También es jurídicamente correcto. Los montos jubilatorios deben acomodarse a las sentencias existentes porque es lo correcto, y el gobierno debería crear un fondo especial a este exclusivo fin ya que resulta una prioridad además de una reivindicación urgente. Para financiarlo, podríamos cobrarle impuesto a las ganancias a los jueces.

lunes, 3 de diciembre de 2012

LOS 7 BARRABRAVAS


SINOPSIS:

Una peña de socios de Ferro contrata un micro para trasladarse a la localidad de Isidro Casanova y así poder seguir a su equipo que se enfrenta con Almirante Brown. Mas temerosos por su seguridad personal y ante las amenazas proferidas durante la semana por la hinchada del equipo matancero, deciden contactar a un grupo de Barrabravas profesionales sin amo ofreciéndoles entradas y estupefacientes a cambio de protección.

La mayor parte del film se desarrolla durante el encuentro deportivo, llegando a su punto álgido con la apertura del marcador 1 a 0 en favor de Ferro, hecho que propició la invasión de la tribuna visitante por parte de la parcialidad local. Entonces entran en acción los 7 heroicos Barrabravas defendiendo a los hinchas de la furia irracional y salvaje de la banda de La Fragata, plasmando de manera épica la cultura del Aguante, código de honor impertérrito que rige desde tiempos inmemoriales la vida del Barrabrava.

Finalmente, luego de regalarnos 30 minutos de emocionante lucha sin cuartel, el singular grupo regresa al barrio de Caballito, festejando en el micro y sin reparar que a pesar de resultado deportivo favorable, la refriega costó la vida de 5 de los intoxicados héroes. Entonces, ya olvidado por los otros y desde el fondo del vehículo, el mayor de los Barrabravas y líder del conjunto, "Popeye", presencia ajeno la euforia verdolaga y sentencia los hechos con una reflexión final que quedará por siempre en la historia del cine: "Nosotros no ganamos, nosotros perdimos. Los plateístas, en cambio, ellos siempre ganan".


Esta película puede ser considerada por algunos críticos como una apología a la violencia en el fútbol mas para el Anarka se trata de un homenaje al último personaje romántico que sobrevive a la posmodernidad, el Barrabrava. Éste se bate a duelo cada fin de semana y es capaz de sacrificar su vida por un ideal intangible como "El Aguante", demostrándole a los plateístas pequeño burgueses que aún es posible esa utopía de vivir "de la cabeza", sin importar "esas fotos que saca la federal".

Le pongo 4 Crestas Punk, dado que sólo se trata de una remake de Los 7 Samurai de Akira Kurosawa y que -como la hinchada de Ferro- no existe. Aún así sería bueno que alguien la filmara.

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