Leemos en Página/12 al ilustre Gil Lavedra insinuando sobre la derogación del decreto 929/13 del PEN, norma que establece un régimen de promoción para la actividad de exploración y extracción hidrocarburífera. Entre otras mieles, tal decreto dispone en su artículo Nº 6 que a partir del quinto año del comienzo de ejecución de la explotación correspondiente, los beneficiarios de este régimen -las petroleras- podrán disponer de un 20% de lo producido para la exportación, eximiéndose del régimen general de derechos de exportación (viejas y queridas retenciones).
Asumimos que el Dr. Gil Lavedra pretenderá derogar tal decreto una vez que asuma la presidencia de la nación, porque si pretende hacerlo desde la cámara de diputados estaría avanzando sobre una facultad reglamentaria delegada al PEN por ley 26.204 -famosa Ley de Emergencia Pública- y prorrogada por las leyes 26.339; 26.456; 26.563 y 26.729 hasta Diciembre del corriente año, amén de que resulta un disparate que el congreso derogue un decreto del PEN. Vivimos en un sistema republicano regido por la división de poderes, ¿Se acuerdan muchachos?. En todo caso debiérase derogar la misma Ley de Emergencia Pública desde el congreso o, en su defecto, modificarla sustrayendo esta facultad discrecional de la órbita del Ejecutivo, y que luego el PEN acomode su reglamentación a la nueva normativa.
Afortunadamente el Dr. Gil Lavedra habla desde la UCR y por eso nos permitiremos tomar con poca seriedad toda hipótesis que incluya verlo una vez más en el Ejecutivo o alcanzando alguna mayoría legislativa suficiente para modificar alguna vez una ley o sancionar genialidades como la ley de Obediencia Debida y la de Punto Final.
Al menos se resguardó de no ir al papelón judicial que enfrentará con toda seguridad el economista de la CTA y diputado ibarrista/pinosolanista/itaíhagmanista Claudio Lozano, quien solicitará la declaración de inconstitucionalidad de tal norma en razón de que no le gusta, pero además, porque los jurisconsultos del espacio Camino Popular consideran que no es atribución del Poder Ejecutivo reducir a cero tal carga tributaria. Quien puede lo más, puede lo menos, como todos sabemos, y si admitimos que alguna vez el PEN pudo aplicar derechos de exportación y aumentarlos discrecionalmente -como se viene haciendo desde el año 2002 gracias a la ley de Emergencia Pública- hasta el punto en el que se sale a cortar rutas y se paraliza el comercio de grano, es dable pensar que puede eximirse parcialmente a alguien de pagarlas, resultando esto menos gravoso para el administrado (en este caso el honrado Sr. Chevron y su PyME, quien no tendría mucha excusa para salir a cacerolear o presentar amparos). Resta analizar si entre los elementos del acto existe una finalidad oculta que importe una desviación de poder pero ya en ese nivel de debate entramos a un pantano de subjetividad muy lindo para discutir en un café pero totalmente irrelevante en la arena judicial a menos que podamos demostrarlo. Y la demostración no es el punto fuerte del progresismo legislativo.
Podemos entender que a algunos consecuentes compañeros del Campo Popular que votaron en contra de aumentar las retenciones a la exportación de oleaginosas en el 2008 les moleste sobremanera que el Estado Nacional busque disminuir retenciones a la exportación de hidrocarburos en el 2013, ya que nacimos agroexportadores y así debemos morir.
Y estaría muy bueno que vendiendo rifas y porciones de chocotorta se pudieran reunir los fondos necesarios para explotar un yacimiento de Petróleo No Convencional, bajo la premisa que quien filma un par de documentales nostálgicos y llorones tiene el conocimiento y los medios técnicos suficientes para este tipo de empresas.
Pero hoy nos toca gobernar el Estado Nacional, no un centro de estudiantes o una PyME legislativa, y el compromiso asumido en el 2012 con la ocupación temporánea anormal del 51% accionario de la sociedad YPF nos impone la responsabilidad de hacer que funcione. No por el éxito de la gestión en sí, que desde ya resulta importante, sino porque tenemos que legarle a la posteridad un modelo exitoso de reestatización, en consonancia con el cada vez mayor protagonismo que toman las Empresas Estatales en el mercado internacional de los hidrocarburos (ver el caso de las nuevas 7 hermanas: ARAMCO; Gazprom; CNPC; NIOC; PDVSA; Petrobras y Petronas).
Si no hacemos funcionar YPF a como dé lugar e instalarla en el mundo, entonces vamos a ver pasar desde atrás otra oportunidad de ser un país menos choto, que alguna vez será llorada en algún documental emotivo. De ésos que tanto le gustan a Pino Solanas, quien para entonces seguirá filmando documentales ya que jamás será presidente de nada más que su desmedido ego.
